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2 de febrero de 2015

Intendente Vargas solicitará reconsideración de ministerios sobre nuevo decreto de compra de minerales

El Intendente Miguel Vargas se reunión con representantes de las asociaciones mineras de la región, tras recibir una invitación de los productores para analizar el nuevo decreto firmado por el Ministerio de Hacienda y que fija las tarifas futuras de compras de minerales de cobre por parte de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) a los pequeños mineros.
En palabras de los representantes mineros, estas tarifas no serían convenientes para asegurar la rentabilidad de sus negocios y ponen en peligro la continuidad de la pequeña minería en Atacama. Debido a ello,  el Intendente Vargas se comprometió a interceder ante las autoridades del nivel central para que se pueda reconsiderar la tarifa de sustentación, pensando sobre todo, “en el interés superior de hacer viable el desarrollo de la pequeña minería en Atacama”, subrayó.
La primera autoridad de la región dijo compartir la demanda expuesta por las asociaciones mineras, por eso destacó que “como Gobierno Regional hemos tomado debida nota de esta preocupación y vamos a canalizar esta inquietud a las instancias del nivel central que correspondan, porque para nosotros es fundamental que la pequeña minería siga siendo viable por lo que significa la actividad económica regional y por el impacto que tiene en la generación de puestos de trabajo”.
Vargas profundizó su postura indicando que “ya la economía regional está viviendo un momento complejo…hay decisiones en materia de inversión que no nos gustan, proyectos que se han paralizado, iniciativas que no se van a materializar en el corto plazo y si a eso le agregamos un inconveniente en la pequeña minería, eso sería muy complejo para la actividad económica regional”.
Finalmente el Intendente Vargas indicó que una de las gestiones mandatadas, será oficiar al Ministro del Interior las solicitudes que realizó el sector de la pequeña minería de Atacama, que consisten principalmente en reevaluar el precio establecido por el gobierno.